Redacción San PedroEl Periódico
Fue entre los años 2005 y 2007 en que Miguel Ángel Prieto Rodríguez, rigió por segunda vez los destinos del municipio de San Pedro, tras unas elecciones atípicas después de la destitución del entonces alcalde Célimo Bedoya.
Prieto Rodríguez, terminó su bachillerato en el colegio José Antonio Aguilera, de San Pedro, en el año de 1981, Abogado egresado de la Universidad Central del Valle del Cauca, Uceva, promoción de 1989.
Se desempeñó como jefe de Control Interno del Hospital Tomás Uribe Uribe y como Gerente de las Empresas Municipales de Tuluá, entre otros cargos públicos. Actualmente se desempeñaba como abogado litigante.
El ex funcionario público fue víctima de un ataque sicarial perpetrado el miércoles 6 de noviembre, hacia las 5:30 de la tarde, luego de asistir a un sepelio en el cementerio Católico del municipio de San Pedro Valle.
De acuerdo a la información suministrada por las autoridades que atendieron el caso, los móviles y responsables de la muerte violenta de Prieto Rodríguez, quien tenía 50 años de edad, son materia de investigación; de acuerdo con las vainillas halladas en la escena del crimen, al ex -alcalde le propinaron siete disparos, la mayoría en la cabeza los que le produjeron la muerte de manera inmediata, en momentos que caminaba a la altura de la carrera 6 con calle 1 del barrio El Jardín de esta localidad.
Sobre el asesinato del exmandatario local, las autoridades aún no tienen pistas que les permita dar con los responsables, toda vez que Prieto Rodríguez nunca había manifestado tener amenazas en contra de su vida.
El ex -alcalde Prieto fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos en el 2011 por la Procuraduría General de la Nación.
En ese entonces, el Ministerio Público señaló que el exfuncionario firmó una certificación falsa con un contratista a quien el municipio le adeudaba 92 millones de pesos por la provisión de unos materiales de construcción.
Sin embargo, la Procuraduría Regional del Valle estableció que un contrato escrito donde se establecieran las obligaciones tanto del contratante como del contratista, nunca existió.
Por esa irregularidad, San Pedro tuvo que pagar cerca de 168 millones de pesos, pues el contrato establecía una serie de obligaciones por intereses de mora que permitieron a un particular apropiarse “de una suma de dinero que no le pertenecía”.
