Redacción Buga
El Periódico
Hacia las 9:00 de la mañana del pasado jueves 27 de octubre se registró un hecho sicarial por arma de fuego, en la vereda Chambimbal, sector conocido como “El palo del ahorcado”, del municipio de Buga, sobre la vía rural que conduce a la reserva natural El Chircal.
De acuerdo a información entregada por la policía, la víctima se movilizaba por el callejón en medio de cultivos de caña de azúcar en una motocicleta de marca AKT color negra, de placas DNU 65E, cuando fue abordado por sujetos quienes en repetidas ocasiones le dispararon ocasionándole la muerte de manera instantánea.
La víctima fue identificada como James Londoño Jiménez, de 45 años de edad, natural de Buga, de estado civil casado, y quien se desempeñaba como presidente de ECOUPALT: Empresa Comunitaria Unida de Paz, Libertad y Trabajo, del predio Sandrana y Samaria.
La víctima era hermano de Carlos Alberto Londoño, quien en la actualidad es el Presidente del Concejo Municipal de Buga.
Orígenes del predio:
Sandrana debe su nombre a la combinación de los nombres de las dos hijas de “Chepe” Santacruz: Sandra y Ana.
Samaria también fue una de las empresas de bienes raíces del abatido jefe del cartel de Cali.
En la práctica, Santacruz unió 36 predios, 13 de ellos localizados en jurisdicción del municipio de Buga, el resto se encuentra en el municipio de San Pedro.
James Londoño, presidente de Ecoupalt, tuvo que sortear el lío de la entidad por ensayar un modelo fallido de administración que sólo operó el 30% de los predios.
Los de menos dijeron que era un “caigamos juntos”, otros, que se trataba de un coctel explosivo imposible de mezclar. Pero cuando el Gobierno Nacional puso a andar la adjudicación de 1.600 hectáreas, lo definió como un laboratorio de paz porque bajo un mismo techo vivirían desplazados, desmovilizados y campesinos sin tierra.
Ese temor estuvo suspendido sobre la hacienda Sandrana y Samaria desde antes de que arrancara el proyecto, ya que se trata de las tierras más productivas del centro del Valle expropiadas al abatido narcotraficante José “Chepe” Santacruz en el 2005, y de todas las implicaciones que conllevaba que su posesión pasara a manos de víctimas y victimarios.
Y aunque se desinfló la prevención por la extraña mezcla de los 181 beneficiarios iniciales del proyecto agrícola comunitario a desarrollarse en las 991 hectáreas aptas para el cultivo de caña (el resto es área amortiguadora del río Cauca), el sino trágico que acompañó esta planicie, bañada por el río Cauca y enclavada entre Buga y San Pedro, no desaparece.
En un principio el riesgo que pendía sobre la explosiva fórmula se avivó con la muerte violenta de una docena de beneficiarios entre 2007 y 2009.
Entonces se dijo que esos homicidios se produjeron a raíz de diferencias irreconciliables entre los mismos adjudicatarios del terreno. Se llegó a rumorar que “se estaban matando entre ellos”.
Fue así como se esparció ese halo misterioso y trágico que ha acompañado a Sandrana y Samaria desde que los 36 predios que la componen fueron unidos por el poder de quien fuera el tercer hombre al mando del cartel de Cali.
Sin embargo, el tiempo mostró que fueron consecuencias sobrevinientes y puntuales relacionadas con las actividades previas de las víctimas, ya que algunas de ellas persistieron en conductas al margen de la ley.
A la dificultad que implicaba la convivencia de unos beneficiarios (83 desplazados, 50 desmovilizados y 48 campesinos) con diferencias supuestamente irreconciliables, se sumó el error en la adjudicación.
Simultáneo al trámite inicial, tanto el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, entidad adjudicataria, como los mismos beneficiarios, se percataron de errores insalvables en el proceso mientras se persistiera con el proyecto tal como había arrancado.
La desconfianza de los favorecidos estuvo a punto de dar al traste con el anhelado laboratorio de paz porque la solución implicó que renunciaran a la adjudicación inicial. Algo a lo que se resistían. El 28 de diciembre del 2006 se les adjudicó definitivamente.
Empero, el aumento de favorecidos, a 195, y el recorte de un predio en el total del terreno, generó nuevas quejas y peticiones de los afectados.
Según sostuvo en su momento James Londoño, Presidente de Ecoupalt, la empresa comunitaria creada por los beneficiados para manejar el proyecto, la respuesta del Incoder fue rechazar la figura de contratación con los ingenios; todo un contrasentido, porque la entidad entregó las tierras ya contratadas.
