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10.31.2016

Se formó una balacera que dejó dos muertos


Redacción La Unión
El Periódico

En La Unión dos personas resultaron muertas y dos más heridas; de acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades y lo que habrían señalado algunos testigos, una de las víctimas fatales sería el que inició la balacera. Las armas utilizadas en el cruento hecho no fueron encontradas. 
Testigos narraron a las autoridades que Juan Carlos Mesa Machado, sobre las 7:45 p.m., del pasado sábado 22 de octubre, llegó en motocicleta hasta la calle 20 con carrera 19, en inmediaciones del sector La Habana, en el municipio de La Unión.
En el lugar, Mesa Machado habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra unas personas que allí se encontraban, una de ellas reaccionó y le disparó, acabando con él en el sitio de los hechos.
En el atentado, al parecer perpetrado por Mesa Machado, resultaron heridos: Cristian Yohan Ramírez Arias, Julián Andrés Ortiz y Jaime Borja; todos fueron trasladados al Hospital Gonzalo Contreras, pero el primero de ellos, debido a la gravedad de sus heridas fue remitido a un centro asistencial en Tuluá, pero falleció cuando estaba siendo trasladado.
Juan Carlos Mesa Machado, tenía 38 años de edad, era oriundo del Eje Cafetero; mientras que Cristian Yohan Ramírez Arias, era del municipio de Versalles, tenía 20 años de edad, permanecía soltero y se dedicaba a trabajos de construcción.
Frente a este hecho violento las autoridades manifestaron que es de vital importancia el apoyo de la ciudadanía para poder aclarar lo ocurrido.

Ultimado a bala, Presidente de ECOUPALT


Redacción Buga
El Periódico

Hacia las 9:00 de la mañana del pasado jueves 27 de octubre se registró un hecho sicarial por arma de fuego, en la vereda Chambimbal, sector conocido como “El palo del ahorcado”, del municipio de Buga, sobre la vía rural que conduce a la reserva natural El Chircal.
De acuerdo a información entregada por la policía, la víctima se movilizaba por el callejón en medio de cultivos de caña de azúcar en una motocicleta de marca AKT color negra, de placas DNU 65E, cuando fue abordado por sujetos quienes en repetidas ocasiones le dispararon ocasionándole la muerte de manera instantánea.
La víctima fue identificada como James Londoño Jiménez, de 45 años de edad, natural de Buga, de estado civil casado, y quien se desempeñaba como presidente de ECOUPALT: Empresa Comunitaria Unida de Paz, Libertad y Trabajo, del predio Sandrana y Samaria. 
La víctima era hermano de Carlos Alberto Londoño, quien en la actualidad es el Presidente del Concejo Municipal de Buga.

Orígenes del predio:
Sandrana debe su nombre a la combinación de los nombres de las dos hijas de “Chepe” Santacruz: Sandra y Ana.
Samaria también fue una de las empresas de bienes raíces del abatido jefe del cartel de Cali.

En la práctica, Santacruz unió 36 predios, 13 de ellos localizados en jurisdicción del municipio de Buga, el resto se encuentra en el municipio de San Pedro.

James Londoño, presidente de Ecoupalt, tuvo que sortear el lío de la entidad por ensayar un modelo fallido de administración que sólo operó el 30% de los predios. 
Los de menos dijeron que era un “caigamos juntos”, otros, que se trataba de un coctel explosivo imposible de mezclar. Pero cuando el Gobierno Nacional puso a andar la adjudicación de 1.600 hectáreas, lo definió como un laboratorio de paz porque bajo un mismo techo vivirían desplazados, desmovilizados y campesinos sin tierra.

Ese temor estuvo suspendido sobre la hacienda Sandrana y Samaria desde antes de que arrancara el proyecto, ya que se trata de las tierras más productivas del centro del Valle expropiadas al abatido narcotraficante José “Chepe” Santacruz en el 2005, y de todas las implicaciones que conllevaba que su posesión pasara a manos de víctimas y victimarios.
Y aunque se desinfló la prevención por la extraña mezcla de los 181 beneficiarios iniciales del proyecto agrícola comunitario a desarrollarse en las 991 hectáreas aptas para el cultivo de caña (el resto es área amortiguadora del río Cauca), el sino trágico que acompañó esta planicie, bañada por el río Cauca y enclavada entre Buga y San Pedro, no desaparece.

En un principio el riesgo que pendía sobre la explosiva fórmula se avivó con la muerte violenta de una docena de beneficiarios entre 2007 y 2009.
Entonces se dijo que esos homicidios se produjeron a raíz de diferencias irreconciliables entre los mismos adjudicatarios del terreno. Se llegó a rumorar que “se estaban matando entre ellos”.
Fue así como se esparció ese halo misterioso y trágico que ha acompañado a Sandrana y Samaria desde que los 36 predios que la componen fueron unidos por el poder de quien fuera el tercer hombre al mando del cartel de Cali.
Sin embargo, el tiempo mostró que fueron consecuencias sobrevinientes y puntuales relacionadas con las actividades previas de las víctimas, ya que algunas de ellas persistieron en conductas al margen de la ley.
A la dificultad que implicaba la convivencia de unos beneficiarios (83 desplazados, 50 desmovilizados y 48 campesinos) con diferencias supuestamente irreconciliables, se sumó el error en la adjudicación.
Simultáneo al trámite inicial, tanto el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, entidad adjudicataria, como los mismos beneficiarios, se percataron de errores insalvables en el proceso mientras se persistiera con el proyecto tal como había arrancado.
La desconfianza de los favorecidos estuvo a punto de dar al traste con el anhelado laboratorio de paz porque la solución implicó que renunciaran a la adjudicación inicial. Algo a lo que se resistían. El 28 de diciembre del 2006 se les adjudicó definitivamente.
Empero, el aumento de favorecidos, a 195, y el recorte de un predio en el total del terreno, generó nuevas quejas y peticiones de los afectados.
Según sostuvo en su momento James Londoño, Presidente de Ecoupalt, la empresa comunitaria creada por los beneficiados para manejar el proyecto, la respuesta del Incoder fue rechazar la figura de contratación con los ingenios; todo un contrasentido, porque la entidad entregó las tierras ya contratadas.

Lo acribillaron cuando se asomó a la ventana

LA UNION - Un joven que había resultado herido con arma de fuego en hechos ocurridos en La Unión la noche del jueves 20 de octubre, murió horas más tarde cuando era intervenido en un centro asistencial del centro del Valle. Jhoan Sebastián Rangel no resistió los múltiples impactos de bala de los que fue objeto. 
Narraron testigos, que el joven Jhoan Sebastián Rangel Valencia, se encontraba asomado en la ventana de su vivienda ubicada en la calle 24 número 16-24, del barrio San Pedro, en el municipio de La Unión, cuando de un momento a otro, se acercó un sujeto el cual sin mediar palabra le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones. 
Al infortunado de inmediato lo auxiliaron siendo trasladado al Hospital Gonzalo Contreras, de donde fue remitido a la Clínica Mariangel, en Tuluá, donde la madrugada del viernes 21 de octubre murió. 
Jhoan Sebastián Rangel Valencia, era natural de Pereira-Risaralda, tenía 19 años de edad, era bachiller y se dedicaba a labores propias del campo. 
El joven tenía detención domiciliaria por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, luego de haber sido detenido el pasado mes de agosto. 

Homicidio en el Villa Liliana

TULUA - Un hecho violento se registró en “La Villa de Céspedes”, el cual dejó como saldo una persona muerta. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el hombre asesinado había sido objeto de algún tipo de amenaza o si su muerte estaría o no relacionada al microtráfico. 
Carlos Alexis Piedrahita, había salido recientemente de un centro carcelario y se encontraba bajo detención domiciliaria. 
Sobre las 2:30 p.m., del pasado domingo 23 de octubre, a la altura de la carrera 1 con calle 14, del barrio Villa Liliana, se presentó la incursión de los sicarios que acabaron con la vida del hombre que se encontraba en el mencionado lugar, cuando según testigos llegaron unos sujetos en motocicleta, uno de los cuales disparó en repetidas ocasiones contra el infortunado y posteriormente emprendieron la huida.  
Algunos familiares residentes cerca al lugar, llegaron para corroborar con sus propios ojos la trágica noticia del asesinato de su ser querido. 
La víctima del fatal era natural y residente en el municipio de San Pedro. Al parecer, se encontraba de visita en Tuluá donde unos familiares y había salido cuando ocurrieron los hechos que cobraron su vida. 
Así mismo, de acuerdo a las autoridades, Piedrahita Caicedo había salido hace cinco días de un centro carcelario para continuar bajo medida de detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

En un bus de interconexión internacional, falleció una tulueña

Redacción Tuluá
El Periódico

Una tulueña de 43 años falleció en Perú cuando estaba de paso por ese país en un viaje por tierra hacia Chile, nación que le abriría las puertas tras abandonar la capital del Valle.
El cuerpo de Beatriz Janeth Loaiza González, fue llevado a la morgue de Tarma, una ciudad peruana ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, por donde hacía tránsito el bus que había partido de Cali el pasado lunes 17 de octubre.
Los sueños que tenía esta tulueña de mejorar su condición económica y de superar la pobreza que afrontaba con sus seis hijas, tres de ellas menores de edad, fueron la motivación para iniciar el viaje hacia Chile.
Lina Fernanda Bejarano, una de las hijas de Beatriz, afirmó que “ese día mi mamá salió a la 10:30 p.m., del Terminal de Transportes y le habían dicho que el viaje hasta Chile se demoraba ocho días. Ella tenía su pasaporte y una carta de invitación que le había enviado una prima para que la dejaran ingresar”.
Entre tanto, Suly Janeth Bejarano, otra familiar, dijo que el sábado como a las 6:00 a.m., fueron despertadas por los representantes de la empresa transportadora donde les decían que su mamá había muerto en el viaje y que la causa de su deceso habría sido un paro cardiorrespiratorio.
Para que la señora Beatriz Janeth pudiera viajar al país austral, sus hijas mayores hicieron un préstamo para los tiquetes por $974.000 y otros gastos para alquilar los dólares que sustentarían ante las autoridades chilenas su sostenimiento económico.
Se cree que Beatriz, quien trabajaba en Tuluá en oficios domésticos, sufrió una afectación por no tomar los medicamentos para la presión, ya que era hipertensa desde hace varios años y que por los afanes del viaje no llevó las pastillas.

Duelo en Buga por muerte de reconocida odontóloga

Redacción Buga 
El Periódico

Nueve días después de haberse reportado su desaparición, fue hallada muerta en zona rural del municipio de Roldanillo, la odontóloga bugueña Laura Cristina Ríos Castañeda, de 44 años.
La profesional, egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, y quien laboraba en la ciudad de Cali desde hace varios años, se encontraba desaparecida desde el sábado 15 de octubre, cuando salió de su vivienda con rumbo al norte del Valle, en donde iba a visitar a unos familiares.
La doctora Laura Cristina se desplazaba en una camioneta Sang Yong de color negro y de placas CQI- 794 con destino al municipio de Versalles.
De acuerdo con la investigación, la odontóloga hizo una parada en Tuluá y hacia las 7.30 p.m. se comunicó con una amiga a la cual le manifestó que se encontraba en el municipio de Roldanillo cenando con un amigo, esa fue la última vez que se tuvo contacto con ella. Horas después el vehículo fue hallado abandonado en el municipio de La Unión.
Infortunadamente, este lunes, en un paraje ubicado sobre la vía Roldanillo–El Dovio, las autoridades hallaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado descomposición, sin que se hayan establecido las causas de su muerte.
Una vez se practicaron las pruebas de la carta dental, se determinó que ese cadáver correspondía al de la odontóloga Laura Cristina Ríos Castañeda, hija de un reconocido oftalmólogo de la ciudad de Buga.
Las exequias de la doctora Laura Cristina se realizaron este miércoles a las 9:00 a.m., en la catedral de San Pedro en Buga y luego fue sepultada en el cementerio católico de esa población.

Perdió la vida en accidente vial

SAN PEDRO - Un accidente de tránsito registrado la tarde del pasado sábado 21 de octubre dejó como saldo una persona muerta y un menor de edad herido. El percance se presentó en la vía Cali-Andalucía a la altura del municipio de San Pedro. De acuerdo a la información policial, cuando Carlos Andrés Cardozo Marín, de 43 años de edad, quien conducía una motocicleta de placa HTA 14A, llevando como parrillero a uno de sus hijos, menor de edad, se estrelló de manera violenta con la parte posterior de un vehículo tipo camión de matrícula WCY 261 que iba en la misma vía.
Cardozo Marín presentó fractura cervical y trauma de tórax, mientras que el menor sufrió un trauma craneoencefálico moderado, ambos fueron trasladados a un centro asistencial en Tuluá, donde posteriormente se produjo el deceso del conductor de la motocicleta.
El infortunado había salido del municipio de El Cerrito, donde residía y se dirigía a Tuluá, de donde era oriundo.

¡Inocente!

Redacción Buga
El Periódico

Hace poco más de un año, Buga se estremeció con la noticia de que un candidato al Concejo de la ciudad había sido capturado por una presunta violación a menor de 14 años, algunos medios aprovecharon la noticia sin ni siquiera imaginar los daños que le hacían a este candidato del Centro Democrático.

Después de 13 meses, 10 días y 11 horas, de estar recluido en el centro penitenciario “Casa Blanca” de Buga, recupera su libertad el empresario y ex candidato al Concejo Ricardo Buitrago Osorio, quien compartió con nosotros su vivencias e historia de esto que el mismo denominó “Infamia”.
Inicia explicándonos la prueba reina de la fiscalía:

“Me capturan basados en unas conversaciones que la mamá del menor le encontró, con unas características extrañas. Lo preocupante es que la Fiscalía todo el tiempo basó sus acusaciones en una conversación que desde el 2012 el menor sostenía con mi persona en términos normales de amistad y su cercanía con mi señora madre quien era como una abuela del niño; se imprimieron 250 páginas, desde el 2012 hasta junio del 2015, y la única página donde se le pide al menor una foto es la última, lo que se evidencia claramente que quien está detrás del computador no soy yo; la Fiscalía no se preocupó ni siquiera por investigar si se trataba de un Hacker, si la dirección IP correspondida a mi residencia y ni siquiera confirmar que era yo quien le pedía esa foto al menor”, explica a El Periódico el señor Ricardo Buitrago”.

Continua explicando que: “los padres del menor, por retaliaciones gracias un proceso de sucesión que inicié por el fallecimiento de mi padrastro, los dos hijos legítimos de él se molestaron porque salió un edicto donde se invitaba a las personas que creyeran tener derecho sobre sus propiedades acercarse al juzgado para ser incluidos dentro del proceso; en lo personal, ellos fueron incluidos en el proceso, pero yo no sabía dónde vivían ninguno de los dos, pero el edicto no se hizo por ellos, sino por ley, pues salen hijos naturales que la familia no conoce y ellos también tienen derecho de existir, sin embargo interpretaron esto como si nosotros estuviéramos negando sus derechos”. 
Ricardo: “Quiero manifestarle a toda la población de mi Ciudad Señora, que no soy un violador, menos un abusador de menores, los que me distinguen saben que es verdad, padre de 5 hijos: 3 hombres, 2 niñas con edades entre 13 y 23 años, que soy una persona que desea trabajar por la ciudad, por las más vulnerables”. 

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