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El mandatario local y sus colaboradores deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso, porque al parecer en uno de los contratos suscritos se falsificó una firma.
Redacción Calima-El Darién
El Periódico
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Según lo informado por la Policía Judicial, la investigación, que tiene tras las rejas al alcalde de Calima-El Darién y a tres de sus secretarios, se inició gracias a la denuncia pública que realizaron tres ex funcionarios de la Alcaldía en una sesión del Concejo Municipal, donde se dieron a conocer las presuntas irregularidades. Se trata de Luis Eduardo Vargas Tabares; así como el Secretario de Obras Públicas, Ricardo Antonio Londoño Tasco, y el asesor Jhonatan Giovanny Bolaños Ortiz.
La captura se dio en Buga-Valle, luego de hacer efectiva la solicitud emanada por un juez penal municipal, previa solicitud de la Fiscalía 21 Seccional de Delitos contra la Administración Pública.
De acuerdo a lo informado por el subdirector Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación del Valle del Cauca, Gustavo Galvis Bautista, durante la investigación se descubrió el “modus operandi” que presuntamente utilizó el Alcalde y sus colaboradores, quienes “de manera consciente y planificada se apropiaron de un cifra aproximada a los $70 millones, pero se estima que el monto del defraude puede superar los $500 millones”.
Los indiciados habrían suscrito contratos entre los años 2012 y 2014, sin cumplimiento de los requisitos legales para contratar los servicios de un guadañador, un contador público y un supervisor, sin contar con la disponibilidad presupuestal y de manera verbal.
Además, estos tres funcionarios habrían falsificado la firma de un supuesto contratista y se habrían cancelado algunas obligaciones violando los preceptos contables.
Estas personas son investigadas por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales; falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso. Entre las presuntas irregularidades que encontraron los investigadores está el hecho de que a estas personas les cancelaba en efectivo directamente el Alcalde o uno de sus secretarios, sin que existiera de por medio contrato alguno o disponibilidad presupuestal.
El mandatario Luis Eduardo Vargas Tabares, su secretario de Obras Públicas, Ricardo Londoño Tascón, y sus ex -secretarios de Gobierno Luis Manuel Gómez Gutiérrez y Jhonatan Bolaños Ortiz, fueron capturados por el CTI y puestos a disposición de la Fiscalía 21 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Buga, estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía y fueron presentados ante un juez de control de garantías para llevar a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
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Se presume que entre las evidencias que presentó el Fiscal 21 de Administración Pública en la audiencia de legalización de captura, se encuentran varios pagos hechos a un supuesto supervisor de obras, el cual fue contratado de manera verbal y a quien le pagaban dos millones de pesos mensuales. Para la Fiscalía, el alcalde de Calima-Darién, Luis Eduardo Vargas, junto con dos de sus secretarios de gabinete, habrían montado una “verdadera empresa criminal que se conformó con el objetivo de defraudar el presupuesto del municipio”.
Según la Fiscalía, otro de los hechos que llamó atención a los investigadores es que el mandatario y sus secretarios contrataron de manera verbal a un campesino de la región para que guadañara las zonas verdes de la entrada y salida de El Darién, por lo que le pagaron solamente $600.000, mientras que la cuenta de cobro que le pasaron a la Tesorería del Municipio es por valor de $14.300.000, dineros que retiraron de una cuenta del Banco Agrario de la localidad. La Fiscalía agregó que en este caso “se falsificaron todos los documentos dentro de un proceso amañado de selección abreviada en donde se presentaron dos propuestas, entre ellas la ganadora que tenía la firma falsificada del campesino que iba a prestar el servicio de poda de las zonas verdes”.
Asimismo, el ente investigador estableció que cuando la Contraloría solicitaba los soportes de los contratos que debieron hacerse mediante un proceso de licitación pública, los funcionarios, presuntamente falsificaron las firmas de los proponentes en toda la documentación.
En uno de los contratos que le hicieron al contador, indicó el ente investigador, le falsificaron la firma para poder cobrar un cheque por valor $ 5.700.000.
